miércoles, 31 de agosto de 2011
Paper: Impact of Border Carbon Adjustment on International Commerce in Wood Products [Archivo adjunto 1]
Gentily from the Institute of Green Economy (IGREC)
igrecd@gmail.comA paper titled
"Impact of Border Carbon Adjustment and of Restrictions on non-certified Timber on International Commerce in Wood Products"
by Dr Promode Kant, Director, Institute of Green Economy, New Delhi and Ms Li Meng, Senior Legal Counsel, Yichun Forestry School, presented at the Second Northeast Asia International Ecology Conference held at Yichun, China, on Aug 27-28, 2011, is attached herewith for those who might be interested in the subject.
Relatório Especial - Logística verde
Mais da metade das empresas líderes em sustentabilidade ambiental consegue obter retorno financeiro e/ou redução de custos com ações ambientais implementadas.
Essa é uma das análises que podem ser encontradas no relatório "Logística Verde – Iniciativas de sustentabilidade ambiental das empresas no Brasil".
martes, 30 de agosto de 2011
IGES CDM Reform 2011 Report Published
We are happy to inform you that we have just published a report entitled "CDM Reform 2011: Verification of the Progress and the way forward"
The aim of this report is to assess and verify the current progress of CDM reform through quantitative analysis and to propose specic measures to achieve policy objectives.
The report examines the progress of CDM reform in terms of its relevance for the year 2011 and aims to provide detailed analysis and assessment of the reform options currently underway from various viewpoints.
sábado, 27 de agosto de 2011
Clarin.com - La Justicia dispuso que el local donde funcionaba la Richmond no se toque
Ganamos una batalla, porque también se dispso proteger el mobiliario!! hay que redoblar la presión, por eso el 31 a las 14 nuevo abrazo con música y literatura
Felicitaciones a todos y todas los que hicieron posible esta pequeña victoria!!!!
Felicitaciones a todos y todas los que hicieron posible esta pequeña victoria!!!!
lunes, 8 de agosto de 2011
"De la protección a la destrucción" por Lewis Mumford
La ciudad en la historia
De la protección a
la destrucción
LEWIS MUMFORD
la destrucción
LEWIS MUMFORD
Este texto forma parte del CAPÍTULO II "La cristalización de la Ciudad", del libro LA CIUDAD EN LA HISTORIA, Volúmen 8 Tomo 1 (Lewis Mumford, Ediciones Destino, Buenos Aires 1966)
Siendo en parte una expresión de angustia y agresión intensificadas, la ciudad amurallada reemplazó una imagen más antigua de tranquilidad rural y paz. Los primitivos bardos sumerios volvían la memoria hacia una edad de oro preurbana, cuando "no había serpiente ni escorpión, ni hiena ni león, ni perro salvaje ni lobo"; cuando "no había miedo ni terror, y el hombre no tenía rival". Por supuesto, esa época mítica no existió jamás y, sin duda, los mismos sumerios tenían oscuramente conciencia de este hecho. Pero los animales ponzoñosos y peligrosos cuya presencia suscitaba sus temores habían adquirido, con el desarrollo del sacrificio humano y la guerra sin freno, una nueva forma: simbolizaban las realidades del antagonismo y la enemistad entre los hombres. En el acto de extender todos sus poderes, el hombre civilizado les dio a estas criaturas salvajes un lugar en su propia configuración.
El hombre primitivo, inerme, expuesto y desnudo, tuvo bastante astucia para dominar a todos sus rivales naturales. Pero ahora, por fin, había creado un ser cuya presencia provocaría una y otra vez el terror en su alma: el "enemigo humano", su otro yo y contrapartida, poseído por otro dios, congregado en otra ciudad, capaz de atacarlo como Ur fue atacada, sin provocación.
La misma implosión que había magnificado los poderes del dios, el rey y la ciudad, y mantenido las complejas fuerzas de la comunidad en un estado de tensión, ahondó también las ansiedades colectivas y extendió los poderes de destrucción. ¿Acaso los mayores poderes colectivos del hombre civilizado no se presentaban en sí mismos como una especie de afrenta a los dioses, a quienes sólo se apaciguaría mediante la implacable destrucción de los fatuos dioses rivales? ¿Quién era el enemigo? Todo aquel que rendía culto a otro dios; que rivalizaba con el poder del rey u ofrecía resistencia a su voluntad. Así, la simbiosis cada vez más compleja que tenía lugar en el seno de la ciudad y en su vecino dominio agrícola fue contrapesada por una relación destructiva y predatoria con todos los posibles rivales; a decir verdad, a medida que las actividades de la ciudad se hacían más racionales y benignas en su interior, se tornaban, casi en el mismo grado, más irracionales y malignas en sus relaciones exteriores. Esto es válido hasta el mismo día de hoy para los conglomerados más extensos que han sucedido a la ciudad.
El propio poder real medía su fuerza y el favor divino por sus capacidades no tan sólo para la creación sino incluso más para el pillaje, la destrucción y el exterminio. "En realidad", declararía Platón en las Leyes, "cada ciudad está en un estado natural de guerra con todas las demás". Esto era un simple hecho de observación. Así, las perversiones originales del poder que acompañaron los grandes avances técnicos y culturales de la civilización, han minado y con frecuencia anulado los grandes logros de la ciudad hasta nuestros propios días. ¿Es simplemente por azar que las más remotas imágenes subsistentes de la ciudad, las que aparecen en las paletas egipcias predinásticas, representen su destrucción?
En el acto mismo de trasformar laxos grupos de aldeas en poderosas comunidades urbanas, capaces de mantener un comercio más vasto y de construir estructuras mayores, cada parte de la vida se convirtió en una lucha, una agonía, un encuentro de gladiadores que se combatía contra una muerte física o simbólica. En tanto que la sagrada cópula del rey y la sacerdotisa de Babilonia en la cámara divina que coronaba el zigguratrecordaba un anterior culto de la fertilidad, consagrado a la vida, los nuevos mitos eran principalmente expresiones de implacable oposición, de lucha, de agresión, de poder ilimitado: los poderes de las tinieblas contra los poderes de la luz, Seth contra su enemigo Osiris, Marduk contra Tiamat. Entre los aztecas, hasta las estrellas estaban agrupadas en ejércitos hostiles de Oriente y Occidente.
Si bien las prácticas aldeanas, con un sentido de mayor cooperación, mantuvieron su vigencia en el taller y los campos, es precisamente en las nuevas funciones de la ciudad donde el látigo y la cachiporra -llamada cortésmente cetro- se hicieron sentir. Con el tiempo, el cultivador aldeano aprendería muchas mañas y evasivas para resistir la coerción y las exigencias de los representantes del gobierno; hasta su aparente estupidez sería, a menudo, un procedimiento para no oír órdenes que se proponía no cumplir. Pero los que estaban atrapados en la ciudad, casi lo único que podían hacer era obedecer, tanto si eran abiertamente esclavizados como si eran dominados más sutilmente. Para conservar su respeto por sí mismo, en medio de todas las nuevas imposiciones de las clases dominantes, el súbdito urbano, quien aún no era un ciudadano pleno, identificaría los propios intereses con los de sus amos. Aparte de oponerse con éxito a un conquistador, lo mejor que puede hacer es unírsele y esperar que a uno le toque algo del botín en perspectiva.
Casi desde su primer momento de existencia, la ciudad, a pesar de su apariencia de protección y seguridad, fue acompañada no sólo de la previsión de un asalto desde afuera sino también de una lucha intensificada en su interior: un millar de pequeñas guerras se hicieron en la plaza del mercado, en los tribunales, en el juego de pelota o en la arena. Heródoto fue testigo ocular de una sangrienta lucha ritual con garrotes entre las fuerzas de la Luz y las de las Tinieblas, que se celebraba en el interior de un templo egipcio. Ejercer el poder en todas las formas era la esencia de la civilización; y la ciudad halló decenas de modos de expresar la lucha, la agresión, la dominación, la conquista... y la servidumbre. Tiene algo de sorprendente que el hombre arcaico volviera su memoria hacia el período "anterior" a la ciudad como si se tratara de una Edad de Oro, o que, como Hesíodo, considerara que cada perfeccionamiento de la metalurgia y de las armas era un menoscabo de las perspectivas de la vida, de modo que el estado humano más bajo fue el de la Edad de Hierro (él no podía prever cuánto más degradarían al hombre las exactas técnicas científicas del exterminio total, mediante agentes nucleares o bacterianos).
Ahora bien, todos los fenómenos orgánicos tienen sus límites de crecimiento y extensión, que son establecidos por su misma necesidad de permanecer autónomos, abasteciéndose y dirigiéndose a sí mismos: sólo pueden desarrollarse a expensas de sus vecinos si pierden las comodidades mismas con las que las actividades de éstos contribuyen a sus propias vidas. Las pequeñas comunidades primitivas aceptaban estas limitaciones y este equilibrio dinámico, tal como las comunidades ecológicas naturales los registran.
Las comunidades urbanas, entregadas de lleno a la nueva expansión del poder, perdieron este sentido de los límites: el culto del poder se regodeaba en su misma ostentación sin límites. Ofrecía los deleites de un juego jugado por puro placer, así como las recompensas del trabajo sin necesidad de la rutina diaria, mediante la rapiña en gran escala y la esclavización al por mayor. El firmamento era el único límite. Tenemos la prueba de este súbito sentido de exaltación en las dimensiones cada vez mayores de las grandes pirámides; del mismo modo que tenemos su representación mitológica en la historia de la ambiciosa torre de Babel, a la que puso fin una incapacidad de comunicación que una escesiva extensión del territorio lingüístico y de la cultura puede haber producido una y otra vez.
Ese ciclo de expansión indefinida de ciudad a imperio es fácil de seguir. A medida que la población de la ciudad aumentaba, se hacía necesario extender la superficie inmediata de producción de alimentos o bien extender las líneas de abastecimiento y aprovechar los artículos de consumo de otra ciudad, ya por cooperación, trueque o comercio, ya por tributo forzado, expropiación o exterminio. ¿Rapiña o simbiosis? ¿Conquista o cooperación? Un mito de poder sólo conoce una respuesta. Así, el mismo éxito de la civilización urbana sancionó los hábitos y reclamos belicosos que continuamente la minaron y anularon sus beneficios. Lo que empezó como una gotita se hinchó forzosamente hasta constituir una iridiscente pompa imperial de jabón, imponente por sus dimensiones, pero frágil en proporción a su tamaño. Carentes de una cohesión interna, las capitales más guerreras se veían presionadas para continuar la técnica de la expansión, a fin de que el poder no volviera a la aldea autónoma y los centros urbanos donde floreciera inicialmente. Este proceso se produjo, de hecho, durante el interregno feudal en Egipto.
Si interpreto correctamente los datos, las formas cooperativas de convivencia urbana fueron minadas y viciadas desde el comienzo por los mitos destructivos y fanáticos que acompañaron, y tal vez en parte causaron, la exorbitante expansión de poderío físico y de destreza tecnológica. La simbiosis urbana positiva fue reiteradamente desplazada por una simbiosis negativa, igualmente compleja. Tan conscientes eran los gobernantes de la Edad de Bronce de esos desastrozos resultados negativos que a veces contrapesaban sus abundantes fanfarronadas de conquistas y exterminio con alusiones a sus actividades en bien de la paz y la justicia. Por ejemplo, Hammurabi proclamaría orgullosamente: "Puse fin a la guerra; promoví el bienestar del país; hice que las gentes reposaran en moradas amistosas; no permití que nadie las aterrorizara". Pero, apenas salieron de su boca estas palabras, comenzó de nuevo el ciclo de expansión, explotación y destrucción. En los términos favorables que deseaban dioses y reyes, ninguna ciudad podía lograr su expansión a menos que arruinara y destruyera otras ciudades.
Así, la más preciosa invención colectiva de la civilización, la ciudad, a la que sólo precede el lenguaje en la trasmisión de la cultura, se convirtió desde el principio en el receptáculo de destructoras fuerzas internas, orientadas hacia el constante exterminio. Como consecuencia de esa tan arraigada herencia, la supervivencia misma de la civilización o, para ser más exactos, de alguna parte considerable e incólume de la especie humana, está ahora en duda; y durante largo tiempo puede seguir en duda, cualquiera sean los arreglos provisionales que se hagan. Camo ya hace mucho lo destacara sir Patrick Geddes, cada civilización histórica se inicia con un núcleo urbano vivo, la polis, y termina en un cementerio común de polvo y huesos, una Necrópolis o ciudad de los muertos, colmada de ruinas quemadas por el fuego, de edificios aplastados, de talleres vacíos, de montañas de residuos inútiles, con la población masacrada o sometida a esclavitud.
Leemos en los Jueces: "Y después de combatir Abimelech la ciudad todo aquel día, tomóla, y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y sembróla de sal". El terror de este episodio final, con su fria miseria y su absoluta desesperación, es la culminación humana hacia la que se dirige laIliada; pero, ya mucho antes de este episodio, como demostró Heinrich Schliemann, otras seis ciudades habían sido destruidas; y mucho antes de laIliada se encuentra un lamento, igualmente amargo y sentido, por esa maravilla entre las ciudades antiguas, la misma Ur, un gemido que sale de la diosa de la ciudad:
"Verdaderamente todos mis pájaros y criaturas aladas se han volado,
'¡Ay!, por mi ciudad', es lo que diré.
'Mis hijas y mis hijos han sido arrastrados lejos,
¡Ay! por mis hombres', es lo que diré.
'Oh ciudad mía que no existes más, mi (ciudad) atacada sin motivo,
¡Oh mi (ciudad) atacada y destruida!'"
Por último, considérese la inscripción de Senaquerib sobre la aniquilación total de Babilonia: "La ciudad y (sus) casas, desde los cimientos hasta los techos, yo destruí, yo devasté, yo quemé con fuego. El muro y la muralla exterior, los templos y dioses, las torres de ladrillo y tierra de los templos, todas cuantas había arrasé y tiré al canal de Arakhtu. Por el medio de esa ciudad cavé canales, inundé su solar con agua, y los fundamentos mismos de ella destruí. Hice su destrucción más completa que si hubiera habido un diluvio". Tanto el acto como su moral anticipan las feroces estravagancias de nuestra época nuclear; de lo único que carecía Senaquerib era de nuestra veloz destreza científica y de nuestra maciza hipocrecía que nos permite ocultar, hasta de nosotros mismos, nuestras intenciones.
No obstante, una y otra vez las fuerzas positivas de la cooperación y la comunión sentimental han hecho que las gentes volvieran a los solares urbanos devastados, "para reparar las ciudades en ruinas, la desolación de muchas generaciones". Es irónico -pero también es consuelo- que las ciudades hayan sobrevivido reiteradamente a los imperios militares que, en apariencia, las destruyeron para siempre. Damasco y Bagdad, Jerusalén y Atenas siguen en los mismos solares que inicialmente ocupaban, vivas, aunque poco más que fragmentos de sus antiguos cimientos queden a la vista.
Los desmanes crónicos de la vida en la ciudad bien podrían haber causado su abandono, hasta podrían haber llevado a una renuncia generalizada de la vida urbana y todos sus dones ambivalentes, de no haber sido por un hecho: el constante reclutamiento de nueva vida, fresca y tosca, procedente de las regiones rurales, vida llena de fuerza muscular elemental, de vitalidad sexual, de celo de procrear, de fe animal. Estas gentes de campo vuelven a llenar las ciudades con su sangre y, más todavía, con sus esperanzas. Incluso hoy mismo, según el geógrafo francés Max Sorre, las cuatro quintas partes de la población del mundo vive en aldeas, funcionalmente más próximas a su prototipo neolítico que a las metrópolis muy organizadas que han empezado a hacer entrar a la aldea en sus órbitas y, cada vez con más rapidez, a minar su antiguo modo de vida. Pero no bien permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. La humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo.
domingo, 7 de agosto de 2011
¿Pasantías en donde?
Pasantías en la UNESCO
El acceso a StageWeb ha sido restablecido para la consulta y envío de candidaturas para pasantías. Les agradecemos su paciencia.
La UNESCO ofrece a los alumnos que han cursado diversos tipos de estudios universitarios, así como a los investigadores y funcionarios nacionales en ejercicio, la posibilidad de efectuar en la Sede pasantías de uno a cuatro meses de duración. De acuerdo con su formación, la pasantía se relacionará sea con la actividad estratégica de la Organización, sea con funciones administrativas o técnicas.
La finalidad de esa pasantía en una organización internacional es que usted adquiera una experiencia profesional que corresponda a sus estudios y los complemente. La pasantía le brinda la oportunidad de trabajar en el entorno pluricultural de una organización intergubernamental.
Antes de presentar su candidatura a una pasantía en la UNESCO, haga su propia evaluación: ¿tiene el perfil adecuado?
Para guiarle en esa evaluación, le invitamos a descubrir las características requeridas.
Más
Cómo presentar su candidatura a una pasantía
Puede presentar su candidatura para efectuar una pasantía en la Sede de la UNESCO en París (Francia), únicamente si reúne las condiciones exigidas.
Más
El régimen de las personas que efectúan una pasantía y sus ventajas
La pasantía que usted efectuará en la UNESCO corresponde a un régimen especial que traduce el carácter personal de su compromiso. Por tal razón, el periodo de prácticas no le da derecho a remuneración alguna.
Más
La Asociación Internacional IAESTE
SU HISTORIA
IAESTE nace en Londres en 1948 por iniciativa de Sir James Newby, jefe del Comité de Trabajo Vacacional del Colegio Imperial. A la reunión fundacional asistieron representantes de diez países europeos en un momento en el que todavía estaban cicatrizando las heridas causadas por la II Guerra Mundial.
La constitución de IAESTE respondía a las necesidades inherentes a un nuevo orden mundial establecido bajo la extensa sombra de la amenaza atómica. IAESTE aportaba al ámbito académico lo que la sociedad reclamaba para ella; la voluntad de entendimiento y acuerdo entre los pueblos y las naciones.
España pasó a formar parte de IAESTE en 1951, convirtiéndose en uno de los miembros más antiguos de la asociación. Durante aquellos primeros años únicamente participaban las escuelas de Ingeniería Industrial de Madrid y Barcelona. Hoy en día, IAESTE España gestiona más de 300 intercambios al año.
¿Que es IAESTE?
La asociación internacional para el intercambio de estudiantes para experiencia técnica (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience o IAESTE) es una organización no gubernamental, independiente y apolítica que promueve un programa de movilidad internacional para la realización de prácticas profesionales para estudiantes en el marco de la cooperación Universidad-Empresa.
Sus principales objetivos son:
Proporcionar a los estudiantes universitarios de especializaciones técnicas y científicas experiencia profesional en el extranjero relacionada con sus estudios, en el sentido más amplio.
Promover el entendimiento y la buena voluntad entre los estudiantes universitarios de todo el mundo, actuando con independencia de sexo, raza, creencia o religión.
Alcance internacional
IAESTE acumula desde sus orígenes más de 300.000 intercambios y es la asociación decana en lo referente a la movilidad internacional en el ámbito universitario. Actualmente forman parte de la asociación más de 80 países, una cuota de presencia al nivel de organizaciones como Naciones Unidas o la Cruz Roja.
El alcance internacional se concreta con la implantación del programa en más de mil universidades e instituciones cooperantes, y con la participación de más de 3000 empresas. A nivel mundial, se gestionan anualmente alrededor de 6000 intercambios. El principal foco de actividad lo forman los países de la Unión Europea con un volumen de actividad medio de 2500 prácticas, 700 en el resto de países europeos, 800 en Asia y Australia y 600 en el continente americano.
El cuerpo internacional de IAESTE mantiene una relación consultiva con algunos organismos de Naciones Unidas como la Unesco, ECOSOC, ILO, UNIDO, así como con otras instituciones educativas. La asociación es una confederación de Comités Nacionales que representan esferas de interés académico, industrial y estudiantil. IAESTE establece que todo Comité ha de mantener relaciones con el máximo número de interlocutores, lo que convierte a la entidad en un referente internacional y una auténtica red de cooperación global.
Prácticas
El programa IAESTE ofrece y tramita prácticas de carácter internacional a estudiantes de especialidades técnicas, o a empresas nacionales que accedan a acoger futuros profesionales extranjeros.
Los parámetros que definen la oferta son flexibles y los decide el empresario en función de sus necesidades. Los principales parámetros son la duración de la práctica, las fechas durante las que se podrá realizar, los idiomas requeridos o recomendados, la remuneración económica y otros requisitos necesarios para acceder a la oferta, como conocimientos o habilidades específicas. Asimismo los estudiantes acceden a un amplio abanico de propuestas profesionales acordes a sus motivaciones, currículum vítae y agenda académica.
La remuneración de las prácticas debe asegurar unos ingresos mínimos que permitan al estudiante hacer frente al coste de vida del país de destino. La jornada laboral acostumbra a ser de 40 horas semanales.
El alojamiento y la recepción corre a cargo de la asociación, y además de organizar actividades culturales durante la campaña, se mantiene atención continua a las empresas y estudiantes para corregir cualquier duda o incidencia.
Funcionamiento
En el momento en el que una empresa establece los parámetros y formaliza la oferta de prácticas se inicia un complejo proceso de gestión y filtrado de las ofertas. Durante este proceso se consideran las necesidades y requisitos particulares de cada oferta, y se procede a la negociación con los diferentes países que ofrecen candidaturas competentes. Todas estas gestiones se materializan durante el transcurso del encuentro anual a nivel internacional que tiene lugar a finales de enero.
Una vez ha sido seleccionado el candidato idóneo a los intereses de la empresa, ésta recibirá toda la información y documentación correspondiente entre los meses de marzo y abril. Si por alguna razón excepcional el currículum del candidato no respondiera a las expectativas de la empresa, la delegación de IAESTE correspondiente contactaría con el país con el que se realizó el intercambio para solicitar una segunda candidatura.
A partir del momento en el que se recibe el visto bueno de la empresa, IAESTE asume la responsabilidad de las gestiones, incluida la recepción y el alojamiento de los estudiantes. Los únicos compromisos establecidos para la empresa o institución ofertantes son :
Iaeste España
España pasó a formar parte de IAESTE en 1951, convirtiéndose en uno de los miembros más antiguos de la asociación. Durante aquellos primeros años únicamente participaban las escuelas de Ingeniería Industrial de Madrid y Barcelona. Hoy en día, IAESTE España engloba 56 facultades de todo el país e internacionalmente es el tercer miembro en lo que respecta al volumen de ofertas aportadas (350), detrás de Alemania (900) y Brasil (370)
Actualmente la asociación recibe el soporte de un gran número de instituciones públicas y de la Administración. De las instituciones que ofrecen un apoyo activo a la asociación cabe destacar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concediendo ayudas económicas a través del Injuve. Igualmente, existen convenios de colaboración a nivel territorial con diferentes gobiernos autonómicos y entes colegiales.
Las 56 facultades que forman parte del Comité Español para el Intercambio de Estudiantes Técnicos son reconocidas como Centros. Los Centros son quienes establecen el contacto directo con el alumnado y quienes distribuyen finalmente las prácticas. Por encima de los centros se hayan las Delegaciones, éstas asumen la gestión administrativa y la interlocución ante la Secretaria General y otras instituciones. Es también responsabilidad de las Delegaciones ofrecer atención continuada a las empresas y velar por la calidad del programa, ya sea en sus funciones ordinarias, de representación en la Comisión Permanente de IAESTE España o el arbitraje de incidencias entre los diferentes centros adscritos. La Secretaría General es quien gestiona el programa en última instancia y el único interlocutor reconocido en el marco de IAESTE Internacional.
Enlaces externos
IAESTE internacional
IAESTE Network - Red social con más de 15000 miembros y ex-miembros de IAESTE, en 142 países
IAESTE en América
El acceso a StageWeb ha sido restablecido para la consulta y envío de candidaturas para pasantías. Les agradecemos su paciencia.
La UNESCO ofrece a los alumnos que han cursado diversos tipos de estudios universitarios, así como a los investigadores y funcionarios nacionales en ejercicio, la posibilidad de efectuar en la Sede pasantías de uno a cuatro meses de duración. De acuerdo con su formación, la pasantía se relacionará sea con la actividad estratégica de la Organización, sea con funciones administrativas o técnicas.
La finalidad de esa pasantía en una organización internacional es que usted adquiera una experiencia profesional que corresponda a sus estudios y los complemente. La pasantía le brinda la oportunidad de trabajar en el entorno pluricultural de una organización intergubernamental.
¿Tiene usted el perfil adecuado para postular a una pasantía en la UNESCO?
Antes de presentar su candidatura a una pasantía en la UNESCO, haga su propia evaluación: ¿tiene el perfil adecuado?
Para guiarle en esa evaluación, le invitamos a descubrir las características requeridas.
Más
Cómo presentar su candidatura a una pasantía
Puede presentar su candidatura para efectuar una pasantía en la Sede de la UNESCO en París (Francia), únicamente si reúne las condiciones exigidas.
Más
El régimen de las personas que efectúan una pasantía y sus ventajas
La pasantía que usted efectuará en la UNESCO corresponde a un régimen especial que traduce el carácter personal de su compromiso. Por tal razón, el periodo de prácticas no le da derecho a remuneración alguna.
Más
La Asociación Internacional IAESTE
SU HISTORIA
IAESTE nace en Londres en 1948 por iniciativa de Sir James Newby, jefe del Comité de Trabajo Vacacional del Colegio Imperial. A la reunión fundacional asistieron representantes de diez países europeos en un momento en el que todavía estaban cicatrizando las heridas causadas por la II Guerra Mundial.
La constitución de IAESTE respondía a las necesidades inherentes a un nuevo orden mundial establecido bajo la extensa sombra de la amenaza atómica. IAESTE aportaba al ámbito académico lo que la sociedad reclamaba para ella; la voluntad de entendimiento y acuerdo entre los pueblos y las naciones.
España pasó a formar parte de IAESTE en 1951, convirtiéndose en uno de los miembros más antiguos de la asociación. Durante aquellos primeros años únicamente participaban las escuelas de Ingeniería Industrial de Madrid y Barcelona. Hoy en día, IAESTE España gestiona más de 300 intercambios al año.
¿Que es IAESTE?
La asociación internacional para el intercambio de estudiantes para experiencia técnica (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience o IAESTE) es una organización no gubernamental, independiente y apolítica que promueve un programa de movilidad internacional para la realización de prácticas profesionales para estudiantes en el marco de la cooperación Universidad-Empresa.
Sus principales objetivos son:
Proporcionar a los estudiantes universitarios de especializaciones técnicas y científicas experiencia profesional en el extranjero relacionada con sus estudios, en el sentido más amplio.
Promover el entendimiento y la buena voluntad entre los estudiantes universitarios de todo el mundo, actuando con independencia de sexo, raza, creencia o religión.
Alcance internacional
IAESTE acumula desde sus orígenes más de 300.000 intercambios y es la asociación decana en lo referente a la movilidad internacional en el ámbito universitario. Actualmente forman parte de la asociación más de 80 países, una cuota de presencia al nivel de organizaciones como Naciones Unidas o la Cruz Roja.
El alcance internacional se concreta con la implantación del programa en más de mil universidades e instituciones cooperantes, y con la participación de más de 3000 empresas. A nivel mundial, se gestionan anualmente alrededor de 6000 intercambios. El principal foco de actividad lo forman los países de la Unión Europea con un volumen de actividad medio de 2500 prácticas, 700 en el resto de países europeos, 800 en Asia y Australia y 600 en el continente americano.
El cuerpo internacional de IAESTE mantiene una relación consultiva con algunos organismos de Naciones Unidas como la Unesco, ECOSOC, ILO, UNIDO, así como con otras instituciones educativas. La asociación es una confederación de Comités Nacionales que representan esferas de interés académico, industrial y estudiantil. IAESTE establece que todo Comité ha de mantener relaciones con el máximo número de interlocutores, lo que convierte a la entidad en un referente internacional y una auténtica red de cooperación global.
Prácticas
El programa IAESTE ofrece y tramita prácticas de carácter internacional a estudiantes de especialidades técnicas, o a empresas nacionales que accedan a acoger futuros profesionales extranjeros.
Los parámetros que definen la oferta son flexibles y los decide el empresario en función de sus necesidades. Los principales parámetros son la duración de la práctica, las fechas durante las que se podrá realizar, los idiomas requeridos o recomendados, la remuneración económica y otros requisitos necesarios para acceder a la oferta, como conocimientos o habilidades específicas. Asimismo los estudiantes acceden a un amplio abanico de propuestas profesionales acordes a sus motivaciones, currículum vítae y agenda académica.
La remuneración de las prácticas debe asegurar unos ingresos mínimos que permitan al estudiante hacer frente al coste de vida del país de destino. La jornada laboral acostumbra a ser de 40 horas semanales.
El alojamiento y la recepción corre a cargo de la asociación, y además de organizar actividades culturales durante la campaña, se mantiene atención continua a las empresas y estudiantes para corregir cualquier duda o incidencia.
Funcionamiento
En el momento en el que una empresa establece los parámetros y formaliza la oferta de prácticas se inicia un complejo proceso de gestión y filtrado de las ofertas. Durante este proceso se consideran las necesidades y requisitos particulares de cada oferta, y se procede a la negociación con los diferentes países que ofrecen candidaturas competentes. Todas estas gestiones se materializan durante el transcurso del encuentro anual a nivel internacional que tiene lugar a finales de enero.
Una vez ha sido seleccionado el candidato idóneo a los intereses de la empresa, ésta recibirá toda la información y documentación correspondiente entre los meses de marzo y abril. Si por alguna razón excepcional el currículum del candidato no respondiera a las expectativas de la empresa, la delegación de IAESTE correspondiente contactaría con el país con el que se realizó el intercambio para solicitar una segunda candidatura.
A partir del momento en el que se recibe el visto bueno de la empresa, IAESTE asume la responsabilidad de las gestiones, incluida la recepción y el alojamiento de los estudiantes. Los únicos compromisos establecidos para la empresa o institución ofertantes son :
- Aceptar un estudiante extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en la oferta.
- Asignar al estudiante tareas acordes a su formación profesional, así como velar por la tutorización de su trabajo.
- Proporcionar al estudiante la ayuda económica fijada en la oferta.
Iaeste España
España pasó a formar parte de IAESTE en 1951, convirtiéndose en uno de los miembros más antiguos de la asociación. Durante aquellos primeros años únicamente participaban las escuelas de Ingeniería Industrial de Madrid y Barcelona. Hoy en día, IAESTE España engloba 56 facultades de todo el país e internacionalmente es el tercer miembro en lo que respecta al volumen de ofertas aportadas (350), detrás de Alemania (900) y Brasil (370)
Actualmente la asociación recibe el soporte de un gran número de instituciones públicas y de la Administración. De las instituciones que ofrecen un apoyo activo a la asociación cabe destacar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concediendo ayudas económicas a través del Injuve. Igualmente, existen convenios de colaboración a nivel territorial con diferentes gobiernos autonómicos y entes colegiales.
Las 56 facultades que forman parte del Comité Español para el Intercambio de Estudiantes Técnicos son reconocidas como Centros. Los Centros son quienes establecen el contacto directo con el alumnado y quienes distribuyen finalmente las prácticas. Por encima de los centros se hayan las Delegaciones, éstas asumen la gestión administrativa y la interlocución ante la Secretaria General y otras instituciones. Es también responsabilidad de las Delegaciones ofrecer atención continuada a las empresas y velar por la calidad del programa, ya sea en sus funciones ordinarias, de representación en la Comisión Permanente de IAESTE España o el arbitraje de incidencias entre los diferentes centros adscritos. La Secretaría General es quien gestiona el programa en última instancia y el único interlocutor reconocido en el marco de IAESTE Internacional.
Enlaces externos
IAESTE internacional
IAESTE Network - Red social con más de 15000 miembros y ex-miembros de IAESTE, en 142 países
IAESTE en América
- IAESTE Argentina Información de Contacto:Oficina Nacional de IAESTE Argentina
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
MINCYT
Dirección de Relaciones Internacionales
Av. Cordoba 831 - 4º Floor
C1054AAH Buenos Aires
Tel: +54 +11 4891-8470
Fax: +54 +11 4891-8460
E-mail: iaeste@mincyt.gov.ar
Web: www.iaeste.mincyt.gov.ar
- IAESTE Brasil
Información de Contacto:
ABIPE (IAESTE Brazil)
Av Paulista 726 / 6th floor room 601
Sao Paulo Brazil (close to the Subway Station "Brigadeiro")
Tel: +55 11 3262 4012
Fax: +55 11 3141 1277
E-mail: brazil@iaeste.org
Web: http://www.abipe.org.br/
- IAESTE Canada
Información de Contacto:Queen's University, Career Services
Gordon Hall - 3rd Floor, 74 Union Street
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Fax: +1 613 533 2535
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- IAESTE Estados Unidos
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- IAESTE Ecuador
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO - O estatuto da cidade e os instrumentos de política urbana para proteção do patrimônio histórico: outorga onerosa e transferência do direito de construir
Janaína Rigo SantinI; Elizete Gonçalves MarangonII
IProfessora Doutora – Faculdade de Direito – Pós-graduação em História – Universidade de Passo Fundo – UFP – 99052-900 – Passo Fundo – RS – Brasil. E-mail: janainars@upf.br
IIAdvogada e Mestranda em História – Universidade de Passo Fundo – UFP – 99052-900 – Passo Fundo – RS – Brasil. E-mail:elizetemarangon@yahoo.com.br
RESUMO
O artigo tem como objeto o Estatuto da Cidade (Lei n. 10257/2001), enfatizando dois instrumentos de política urbana previstos na Lei do Meio Ambiente Artificial para valorização e proteção do patrimönio histórico: a outorga onerosa e a transferência do direito de construir. Trata-se da possibilidade de, em caso de tombamento, o proprietário do imóvel transferir seu direito de construir a outro imóvel, edificando acima do coeficiente básico de construção daquela região, sem a necessidade de pagar ao Poder Público. A pesquisa evidencia a importância de uma gestão voltada aos interesses de sua população, capaz de preservar tanto a sua história quanto desenvolver alternativas susstentáveis de desenvolvimento para as futuras gerações, criando alternativas legais para que o proprietário de imóvel tombado não tenha apenas ônus com o tombamento, mas também bônus. Para tanto o artigo analisa a gestào democrática municipal, a fim de demonstrar que a qualidade de vida das pessoas que habitam o meio urbano, bem como a preservação de seus laços históricos e culturais, trata-se de um processo compartilhado entre poder público e cidadãos.
Palavras-chave: Cidadania; História; Poder Local; Princípio da participação.
ABSTRACT
This paper has as its object of study the Statute of the City (Public Law 10257/2001), emphasizing two instruments of urban policy under the Law on Artificial Environment for the recovery and protection of historical property: the onerous grant and the transfer of the right to build. The possibility is opened that in the case of a property being listed as a historic building, the owner of the property transfers his right to construct to another building, constructing beyond the basic limits in his region, without the need to pay anything more to the Public Authorities. The research highlights the importance of pubic management oriented toward the interests of its people, able to preserve its history as well as developing sustainable alternatives of development for future generations by creating legal alternatives for the owner of property who not only is relieved of the burden of having his property listed as a historical property, but receives a bonus. Furthermore, the article examines democratic municipal management in order to show that the quality of life of those who inhabit the urban areas, as well as their preservation of historical and cultural heritage, is a shared process between the local authorities and the citizens.
Keywords: Citizenship; History; Local Authority; Principle of Constitutional Participation.
1. Considerações Iniciais: o Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), também denominado de Lei do Meio Ambiente Artificial, tem como objetivo formular diretrizes gerais de administração do ambiente urbano. Veio para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal frente aos reclames de ordem pública, interesse social, bem estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental, estabelecendo normas gerais para a política de desenvolvimento urbano.
Régis Fernandes de Oliveira, ao comentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, ressalta que há uma remissão do texto constitucional à lei ordinária federal para a definição de diretrizes gerais para a política urbana, porém "a especificidade, como não poderia deixar de ser, compete ao Município, atendendo a suas necessidades locais e decidindo de acordo com os superiores interesses da cidade"1.Dessa forma, o Estatuto da Cidade deixou a cargo de cada Município efetivar os seus dispositivos segundo as características locais, regulamentadas no Plano Diretor.
Mostra-se como instrumento jurídico hábil a proteger o meio ambiente artificial, indo ao encontro do artigo 225 da Constituição Federal de 1988:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
As cidades neste século, marcadas pelo crescimento rápido e sem planejamento, expõem cada vez mais seus habitantes a condições subumanas, criando uma situação de desequilíbrio, em detrimento da dignidade da pessoa humana. Celso Antonio Pacheco Fiorillo2 defende a aplicação do Estatuto da Cidade em face de territórios que não cumprem sua função social, lugares em que não há o adequado aproveitamento do solo urbano. Isso se dá a fim de que todos tenham acesso à cidade e aos recursos urbanísticos por ela oferecidos.
Forte em tais razões, do ponto de vista jurídico, o Estatuto da Cidade salvaguarda o meio ambiente urbano justo, equilibrado e sustentável, estabelecendo que toda a atividade econômica deve ter especial planejamento por parte do administrador público, observando-se os limites de sustentabilidade ambiental. E sendo assim, nada impede que se questione o ônus de viver em comunidade, cabendo a cada indivíduo a sua quota parte em participar do processo de planejamento urbano, e ao administrador público sua obrigação em utilizar os instrumentos urbanísticos, econômicos, tributários e financeiros previstos em lei para atendimento das finalidades públicas, devendo esforçar-se da melhor e mais justa maneira possível para gerir as receitas a sua disposição.3
Nesta feita, as diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade formam um plexo de normas que permitem o racional aproveitamento do solo urbano, planificando a vida em comunidade, dando à propriedade sua função social, com o objetivo de melhoria da qualidade do meio ambiente urbano, em todas suas dimensões.4 E dentre os novos instrumentos de política urbana descritos no Estatuto da Cidade, o presente artigo dá ênfase à outorga onerosa e à transferência do direito de construir, visando atingir, imediatamente, a função social da cidade e da propriedade urbana e, mediatamente, o princípio da dignidade da pessoa humana a seus habitantes.
O Estatuto da Cidade evidencia ainda a importância da gestão democrática municipal como um mecanismo implementador do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da constatação da situação de desequilíbrio vivenciada na grande maioria das cidades, em que grande parte dos habitantes permanece à margem da infra-estrutura e dos serviços públicos municipais (gerando conceitos como cidade formal – incluídos – e cidade informal – excluídos), a gestão democrática municipal mostra-se um importante instrumento nas mãos da cidadania a fim de reverter este estado de coisas, a partir de sua participação na aprovação coletiva dos projetos para a cidade. Pleiteia-se, com essa nova política urbana, o direito de cada cidadão em participar do planejamento a respeito do desenvolvimento da cidade, garantindo que ela seja sustentável para esta e para as futuras gerações.
2. A outorga onerosa do direito de construir
IProfessora Doutora – Faculdade de Direito – Pós-graduação em História – Universidade de Passo Fundo – UFP – 99052-900 – Passo Fundo – RS – Brasil. E-mail: janainars@upf.br
IIAdvogada e Mestranda em História – Universidade de Passo Fundo – UFP – 99052-900 – Passo Fundo – RS – Brasil. E-mail:elizetemarangon@yahoo.com.br
RESUMO
O artigo tem como objeto o Estatuto da Cidade (Lei n. 10257/2001), enfatizando dois instrumentos de política urbana previstos na Lei do Meio Ambiente Artificial para valorização e proteção do patrimönio histórico: a outorga onerosa e a transferência do direito de construir. Trata-se da possibilidade de, em caso de tombamento, o proprietário do imóvel transferir seu direito de construir a outro imóvel, edificando acima do coeficiente básico de construção daquela região, sem a necessidade de pagar ao Poder Público. A pesquisa evidencia a importância de uma gestão voltada aos interesses de sua população, capaz de preservar tanto a sua história quanto desenvolver alternativas susstentáveis de desenvolvimento para as futuras gerações, criando alternativas legais para que o proprietário de imóvel tombado não tenha apenas ônus com o tombamento, mas também bônus. Para tanto o artigo analisa a gestào democrática municipal, a fim de demonstrar que a qualidade de vida das pessoas que habitam o meio urbano, bem como a preservação de seus laços históricos e culturais, trata-se de um processo compartilhado entre poder público e cidadãos.
Palavras-chave: Cidadania; História; Poder Local; Princípio da participação.
ABSTRACT
This paper has as its object of study the Statute of the City (Public Law 10257/2001), emphasizing two instruments of urban policy under the Law on Artificial Environment for the recovery and protection of historical property: the onerous grant and the transfer of the right to build. The possibility is opened that in the case of a property being listed as a historic building, the owner of the property transfers his right to construct to another building, constructing beyond the basic limits in his region, without the need to pay anything more to the Public Authorities. The research highlights the importance of pubic management oriented toward the interests of its people, able to preserve its history as well as developing sustainable alternatives of development for future generations by creating legal alternatives for the owner of property who not only is relieved of the burden of having his property listed as a historical property, but receives a bonus. Furthermore, the article examines democratic municipal management in order to show that the quality of life of those who inhabit the urban areas, as well as their preservation of historical and cultural heritage, is a shared process between the local authorities and the citizens.
Keywords: Citizenship; History; Local Authority; Principle of Constitutional Participation.
1. Considerações Iniciais: o Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), também denominado de Lei do Meio Ambiente Artificial, tem como objetivo formular diretrizes gerais de administração do ambiente urbano. Veio para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal frente aos reclames de ordem pública, interesse social, bem estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental, estabelecendo normas gerais para a política de desenvolvimento urbano.
Régis Fernandes de Oliveira, ao comentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, ressalta que há uma remissão do texto constitucional à lei ordinária federal para a definição de diretrizes gerais para a política urbana, porém "a especificidade, como não poderia deixar de ser, compete ao Município, atendendo a suas necessidades locais e decidindo de acordo com os superiores interesses da cidade"1.Dessa forma, o Estatuto da Cidade deixou a cargo de cada Município efetivar os seus dispositivos segundo as características locais, regulamentadas no Plano Diretor.
Mostra-se como instrumento jurídico hábil a proteger o meio ambiente artificial, indo ao encontro do artigo 225 da Constituição Federal de 1988:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
As cidades neste século, marcadas pelo crescimento rápido e sem planejamento, expõem cada vez mais seus habitantes a condições subumanas, criando uma situação de desequilíbrio, em detrimento da dignidade da pessoa humana. Celso Antonio Pacheco Fiorillo2 defende a aplicação do Estatuto da Cidade em face de territórios que não cumprem sua função social, lugares em que não há o adequado aproveitamento do solo urbano. Isso se dá a fim de que todos tenham acesso à cidade e aos recursos urbanísticos por ela oferecidos.
Forte em tais razões, do ponto de vista jurídico, o Estatuto da Cidade salvaguarda o meio ambiente urbano justo, equilibrado e sustentável, estabelecendo que toda a atividade econômica deve ter especial planejamento por parte do administrador público, observando-se os limites de sustentabilidade ambiental. E sendo assim, nada impede que se questione o ônus de viver em comunidade, cabendo a cada indivíduo a sua quota parte em participar do processo de planejamento urbano, e ao administrador público sua obrigação em utilizar os instrumentos urbanísticos, econômicos, tributários e financeiros previstos em lei para atendimento das finalidades públicas, devendo esforçar-se da melhor e mais justa maneira possível para gerir as receitas a sua disposição.3
Nesta feita, as diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade formam um plexo de normas que permitem o racional aproveitamento do solo urbano, planificando a vida em comunidade, dando à propriedade sua função social, com o objetivo de melhoria da qualidade do meio ambiente urbano, em todas suas dimensões.4 E dentre os novos instrumentos de política urbana descritos no Estatuto da Cidade, o presente artigo dá ênfase à outorga onerosa e à transferência do direito de construir, visando atingir, imediatamente, a função social da cidade e da propriedade urbana e, mediatamente, o princípio da dignidade da pessoa humana a seus habitantes.
O Estatuto da Cidade evidencia ainda a importância da gestão democrática municipal como um mecanismo implementador do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da constatação da situação de desequilíbrio vivenciada na grande maioria das cidades, em que grande parte dos habitantes permanece à margem da infra-estrutura e dos serviços públicos municipais (gerando conceitos como cidade formal – incluídos – e cidade informal – excluídos), a gestão democrática municipal mostra-se um importante instrumento nas mãos da cidadania a fim de reverter este estado de coisas, a partir de sua participação na aprovação coletiva dos projetos para a cidade. Pleiteia-se, com essa nova política urbana, o direito de cada cidadão em participar do planejamento a respeito do desenvolvimento da cidade, garantindo que ela seja sustentável para esta e para as futuras gerações.
2. A outorga onerosa do direito de construir
Dentre as atribuições conferidas ao titular do direito real de propriedade estão a de usar, gozar e dispor de seu bem, bem como o direito de reavê-la daqueles que injustamente a possuam ou detenham (artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro). Dessa forma, o direito de construir é corolário do direito real de propriedade, possibilitando ao titular do domínio erigir construção ou acessão conforme as suas conveniências5.
Já não há mais no direito de propriedade o caráter de direito absoluto; deverá, outrossim, cumprir uma função. Conforme dispõe o parágrafo 1º do mesmo artigo, seu exercício se dará em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
Assim, por mais que o direito tutele o interesse do proprietário do direito real de propriedade, quando há a violação do interesse público pelo descumprimento pelo titular do domínio das finalidades econômicas e sociais da propriedade urbana, no confronto entre interesse privado e público, o ordenamento jurídico dará preferência ao interesse público.
Dessa forma, o direito de construir passa também a estar limitado por leis federais, estaduais e municipais, as quais definem a sua amplitude (coeficiente de aproveitamento do imóvel), sua destinação (comercial, residencial ou industrial), bem como a observância da legislação de vizinhança, urbanística e de direito ambiental. Evidencia-se aqui a necessidade de reconhecimento da dimensão de usufruir do imóvel da forma conveniente ao proprietário, respeitando-se, todavia, as limitações decorrentes de lei e, ainda, os direitos de vizinhança, aeração e iluminação, devendo preconizar a área edificável e o coeficiente máximo de aproveitamento do solo.
Cabe ao Município definir em seu âmbito territorial qual será o coeficiente de aproveitamento de seus imóveis. Divide-se a superfície do Município em áreas, delimitando em seu Plano Diretor os coeficientes mínimo, básico e máximo de aproveitamento dos terrenos. O coeficiente mínimo corresponde ao mínimo de área edificável exigida naquela região para que o imóvel cumpra sua função social (art. 5, par. 1 da Lei 10.257/2001). O coeficiente básico é o percentual de área que o proprietário pode construir sem pagar ao poder público. Já o coeficiente máximo define o máximo da capacidade de construção que aquela área suporta sem prejudicar a qualidade de vida de seus habitantes.
Conforme parágrafo 1º do artigo 28 do Estatuto da Cidade, "coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno". Assim, faz-se um cálculo do percentual necessário de área para que se possa construir um prédio de "x" área construída. A construção que for além do coeficiente básico e até o máximo será objeto da outorga onerosa do direito de construir. Quem definirá o limite máximo a ser atingido pelo coeficiente de aproveitamento será o Plano Diretor, "considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área" (artigo 28, parágrafo 3º). Trata-se aqui de uma medida de planejamento urbano, autorizando construções apenas quando for possível à cidade suportar, como um todo, o ônus do empreendimento.
Abre-se a possibilidade no parágrafo 2º do artigo 28 do Estatuto da Cidade de o Plano Diretor "fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana". Aqui a lei confere ao Poder Público municipal decidir se estipulará coeficientes de aproveitamento diferentes para, por exemplo, zonas residenciais, comerciais ou industriais, bem como o ensejo de intensificar a urbanização em algumas áreas ou, contrariamente, restringir o povoamento, ou ainda incrementar as atividades econômicas, etc.
Já a outorga onerosa do direito de construir (ou solo criado) é o exercício do direito de construir acima do limite do coeficiente de aproveitamento básico estabelecido pelo Plano Diretor municipal, mediante remuneração aos cofres públicos a ser prestada pelo beneficiário. Conforme dispõe o caput do artigo 28 do Estatuto da Cidade, será o Plano Diretor quem irá fixar "áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário"6. Logo, a outorga onerosa do direito de construir é instrumento que amplia o direito de construir, possibilitando ao proprietário exercê-lo acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado pelo Município naquela região.
Da mesma maneira, o artigo 29 do Estatuto da Cidade permite ao proprietário dar destinação diversa àquela fixada no Plano Diretor. Trata-se de uma permissão para alteração do uso do solo urbano mediante contraprestação a ser prestada pelo beneficiário, utilizada como maneira de o Poder Público arrecadar quantia em dinheiro com vistas a efetivar os diferentes objetivos descritos nos incisos I a IX do artigo 26 do Estatuto da Cidade7.
Concretamente, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir tem apresentando resultados positivos em alguns Municípios brasileiros que o aplicaram:
Em CURITIBA, figura da outorga onerosa aparece como Solo Criado – Lei Ordinária nº 7.420 de 16 de março de 1990 – cujo objetivo é gerar recursos para financiar a habitação de interesse social. O valor é pago para o Fundo Municipal de Habitação e empregado na compra de lotes ou na regularização fundiária. Segundo dados da Prefeitura, 720 empreendimentos habitacionais utilizaram-se do instrumento em 11 anos, arrecadando um total de R$18.036.387,04. A maioria dos imóveis onde foi aplicado o acréscimo de potencial construtivo localiza-se nas zonas residenciais 4, que são lindeiras ao sistema viário estrutural e às áreas no entorno do centro, embora ocorram também em outros pontos da cidade.
Em PORTO ALEGRE, a outorga onerosa funciona como forma de financiamento de obras viárias e de habitação de interesse social. Em 1975, essa legislação já aparecia em um decreto municipal. [...] O instrumento sofreu alterações em 1979 com a permissão de venda do potencial construtivo para terceiros. [...] Desde 1994, a outorga onerosa é feita a partir do estabelecimento de um limite construtivo máximo por quarteirão, na área de ocupação intensiva, que varia de 8 a 30%. A possibilidade de compra de potencial construtivo adicional é ofertada em leilão ao conjunto de proprietários de um grupo de quarteirões. (...) Além destes mecanismos de leilão de potencial adicional, é possível comprar até 100m2 como "ajuste de projeto" quando o projeto ultrapassa os parâmetros estabelecidos pelo zoneamento até este valor. (...) O instrumento foi sendo progressivamente apropriado pelo mercado da construção civil, que vem utilizando cerca de 40.000m2 por ano de potencial construtivo outorgado de forma onerosa valor que representa em média 9%do total construído a cada ano na cidade.
No DISTRITO FEDERAL ocorreu uma das únicas experiências de que temos notícias de legislação de outorga onerosa da Alteração de Uso que foi aprovada através da Lei nº 294 de 27 de junho de 2000. Inicialmente, o governo do Distrito Federal, através de decreto, permitia a outorga onerosa de uso, principalmente para a instalação de postos de gasolina. A Lei nº 1.170 da Outorga Onerosa do Direito de Construir foi aprovada em 24 de julho de 1996 e regulamentada pela Lei nº 19.436 de 16 de julho de 1998. Previa-se um desconto de 80% condicionado a toda alteração de gabarito ou adensamento. Este percentual genérico, inicialmente estipulado, deveria ser monitorado para que o instrumento tivesse um valor de planejamento e não simplesmente um valor tributário. Foi elaborado em 1998 o Projeto de Lei de Outorga Onerosa de Uso, mas este não chegou a ser encaminhado à Câmara Distrital. A Lei nº 294 de 27 de junho de 2000 da Outorga Onerosa da Alteração de Uso no DF, regula que os recursos auferidos irão, em 95%, para o Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF – FUNDURB [...]. As cidades satélites que não têm Planos Diretores podem, mesmo assim, ser objeto de aplicação das Outorgas, mas neste caso somente após a realização de Estudo Prévio de Viabilidade Técnica. Tem sido aplicado este instrumento nas cidades de Sobradinho, Taguatinga, Águas Claras, Planaltina, Gama e Ceilândia.8
A outorga onerosa do direito de construir criou vantagens e obrigações recíprocas para o ordenamento da cidade, alcançando a dignidade da pessoa humana, porque não se pode falar em urbanização justa quando não são observados os procedimentos específicos inerentes à condição humana. Logo, apresenta-se como importante ferramenta para resguardar os princípios fundamentais da Constituição Federal, protegendo juridicamente a pessoa humana das armadilhas criadas pela era da urbanização desenfreada9.
3. A transferência do Direito de Construir
Conforme visto no item anterior, o direito de construir deverá estar enquadrado a partir do coeficiente de aproveitamento básico do terreno estabelecido no Plano Diretor para aquele local. Acaso o proprietário queira construir acima do coeficiente de aproveitamento, será preciso uma contrapartida a favor do Poder Público, a qual poderá ser em dinheiro, obras ou serviços. Porém, este mesmo direito de construir poderá, a partir das novas disposições previstas no artigo 35 do Estatuto da Cidade, ser transferido para outro local ou negociado pelo seu proprietário. Esse procedimento dependerá de formalidade especial, que é a formalização de uma escritura pública. A simples existência dessa previsão concebe o direito de construir como instrumento jurídico-político, possibilitando tanto o seu exercício em outro território quanto a sua alienação onerosa.
Essa faculdade é concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, nascendo de forma gradual, em certas circunstâncias. Da mesma maneira, a transferência do direito de construir beneficia proprietários de imóveis cujos poderes de uso e gozo são limitados pelo interesse coletivo de preservação do patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, bem como quando o imóvel é necessário para "implantação de equipamentos urbanos e comunitários", ou para "servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por populações de baixa renda e habitação de interesse social" (artigo 35 do Estatuto da Cidade). Nas palavras de Marins:
Proprietários de terrenos insertos em áreas de proteção ambiental, assim como os titulares do domínio de bens tombados, ao invés de se desinteressarem pela sorte desse precioso patrimônio natural ou cultural, ou promoverem desmatamentos, qualquer outro tipo de degradação ou destruição, poderão tirar proveito econômico do seu bem se o mantiverem com as características ambientais originárias, pois a preservação de áreas ou imóveis dessa natureza é uma das razões de ser do instituto da transferência do direito de construir.10
Logo, o Plano Diretor poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, tanto privado quanto público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir, por ocasião de o imóvel ser considerado necessário para preservação do patrimônio histórico, cultural ou paisagístico do município. Partindo dessa premissa, pode-se citar que tal direito pode ser imposto pelo Município ou exercido pelo proprietário que doar o seu imóvel, ou parte dele.
Este instrumento foi concebido de modo a permitir que os proprietários de imóveis a serem preservados fossem compensados pelo fato de que em seus imóveis o coeficiente ou densidade básicos estabelecidos para o território urbano não podem ser atingidos sob pena de comprometer o objetivo da preservação de imóveis de interesse histórico, paisagístico ou ambiental. No Estatuto está prevista também a hipótese de transferência para os casos de regularização fundiária e programas de habitação de interesse social. O proprietário de um imóvel sobre o qual incide um interesse público de preservação,seja sob o ponto de vista ambiental,ou sob os pontos de vista do patrimônio histórico,cultural, paisagístico e arquitetônico,ou ainda um imóvel que esteja ocupado por uma favela que se quer urbanizar,pode utilizar em outro imóvel,ou vender,a diferença entre a área construída do imóvel preservado e o total de área construída atribuída ao terreno pelo coeficiente de aproveitamento básico. [...]
Em CURITIBA a transferência de potencial construtivo – Lei n o 6.337/1982 e Lei n o 9.803/ 2000 – é um instrumento presente na Lei Orgânica do Município, sendo usada desde 1982 para preservação de patrimônio histórico. Seu uso foi ampliado em 2000, com a inserção de áreas verdes e de fundos de vale a serem preservados. A legislação determinou as zonas que podem receber transferências, com limites de área máxima a ser incorporada aos empreendimentos e os usos permitidos.[...] Muitas vezes a operação de restauro é feita em parceria,na qual o proprietário se associa a um empreendedor interessado em receber o potencial. [...] Estes dois instrumentos têm o objetivo de gerar recursos para o financiamento da restauração de imóveis públicos. [...]
A transferência de potencial construtivo para uma outra área é permitida apenas quando é inviável realizar a operação dentro de uma mesma área. O instrumento já foi muito utilizado e gerou recursos para o município.[...] em uma arrecadação que soma R$7.124.000,0011.
Em síntese, nas palavras de Oliveira, a transferência do direito de construir poderá trazer forte impacto no mercado imobiliário, dando origem à propriedade virtual. Assim, o proprietário impedido de exercer seu direito no próprio imóvel, poderá construir em outro local, podendo os empreendedores imobiliários adquirir o direito de construir de proprietários que não possuam ou não queiram exercer o direito defluente de lei12. Inaugura-se uma nova moeda de circulação no mercado e com valor econômico: o direito de construir.
4. A Gestão Democrática Municipal
Dentre as diretrizes gerais de política urbana elencadas pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 2º, inciso II, está a gestão democrática municipal. Trata-se de disponibilizar à população a participação na definição das tutelas jurídico-políticas municipais relativas ao aspecto orçamentário-financeiro e ao planejamento urbano. Essa matéria foi especificamente abordada em seu capítulo IV, intitulado "Da Gestão Democrática da Cidade"13. Mediante os dispositivos legais ali positivados, o Estatuto da Cidade instituiu instrumentos eficazes para induzir o Poder Público a agir com maior transparência, tendo em vista a inegável carência da participação dos cidadãos nas decisões políticas municipais14.
A gestão democrática das cidades deve tornar-se uma realidade, assegurando a "participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano" (art. 2º, inc. II do Estatuto da Cidade), para se chegar a uma urbanização justa e equânime. As explicações apresentadas pelo Poder Público para a centralização das decisões não são aceitáveis, e se apóiam em alicerces antigos para justificar problemas novos. Por essa razão, urge se faça investimento de profundidade no Plano Diretor, e que ele seja uma formulação conjunta entre o Poder Público e os cidadãos, pois cabe a ele dirigir os destinos do Município, sendo obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes. Marcelo Lopes de Souza faz uma análise crítica acerca do tema da gestão democrática municipal:
O compromisso com a maior democratização possível do planejamento e da gestão de urbanos significa desmistificá-los, tirando-os de seu pedestal e entendendo-os como temas em que um tipo de saber técnico-científico deve desempenhar um papel, sim, mas cuja natureza, em última análise, é política, por dizer respeito a intervenções que mexem significativamente com a vida das pessoas.15
Logo, para o autor, mudar a cidade para inserir maior justiça social e igualdade é uma questão política, a ser construída democraticamente com a participação de todos os cidadãos.
Mudar a cidade é uma tarefa coletiva. Esta frase, em qualquer circunstância uma obviedade, adquire maior conteúdo de verdade sob um ângulo autonomista, de vez que não se tratará, então de impor soluções de cima para baixo, mas de construí-las democraticamente...[...] O planejamento e a gestão urbanos, por tudo isso em face de tudo isso, são, no sentido mais profundo possível, políticos, ou um conhecimento técnico-científico mobilizado para alterar constelações de poder.16
O Estatuto diz que o governo não pode exercer o poder político sozinho, havendo a necessidade de um novo ponto de vista que seja inspirado na real aplicação da gestão democrática. Ou seja, para atingir os fins presentes no Estatuto da Cidade, que são a função social da cidade e da propriedade urbana, a gestão democrática mostra-se o melhor caminho.
Ainda que sejam respeitados os argumentos dos que preferem decidir acerca da cidade no interior de gabinetes, sem a participação coletiva, modernamente exige-se a adequada renovação dos instrumentos administrativos para que estejam em conformidade tanto com a Constituição Federal quanto com o Estatuto da Cidade. Portanto, tais restrições não podem perpetuar-se, sob pena de ilegalidade ou até mesmo inconstitucionalidade, devendo prevalecer os debates e as audiências públicas na definição das diretrizes jurídico-políticas do município, que são a essência da democracia17.
O ambiente urbano é o desafio aprovado pelo Estatuto da Cidade, na medida em que a política urbana deve avançar nos caminhos da gestão democrática, garantindo a participação popular nas decisões acerca dos ônus e dos benefícios do processo de urbanização. Enfatiza-se, portanto, a importância da gestão democrática municipal para a efetivação dos novos instrumentos de política urbana a serem inseridos no Plano Diretor dos Municípios, construindo cidades em que o processo de urbanização seja o resultado da aprovação coletiva. E dá-se aqui papel de destaque à outorga onerosa e à transferência do direito de construir, instrumentos prioritários para se atingir a função social da propriedade urbana e da cidade.
5. O Estatuto da Cidade e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
Os valores que a sociedade estabelece como importantes devem prevalecer para a gestão democrática da cidade, passando obrigatoriamente pelos desdobramentos do princípio da dignidade humana, sem o qual não há justiça. Nesse sentido, qualquer discurso que não respeite as diretrizes fixadas pela Lei do Meio Ambiente Artificial parece muito distante de reduzir as desigualdades no âmbito habitacional. O afastamento dos cidadãos das decisões acerca do ambiente urbano aumenta as possibilidades de que as verbas públicas sejam usadas para fins privados dos gestores públicos eleitos, prática contumaz nas gestões públicas municipais brasileiras em detrimento da prestação universal dos serviços públicos, o que fere as possibilidades de uma vida digna por grande parte da população.
A injusta distribuição dos benefícios decorrentes do processo de urbanização faz gerar a visão de uma cidade dividida em duas: a formal e a informal. Nas palavras de Isabel Oliveira:
Na primeira, moram, trabalham, circulam e se divertem os privilegiados grupos que têm acesso aos sofisticados investimentos públicos. A outra, denominada informal, está ocupada por população pobre que também trabalha, circula e se diverte na cidade, porém, mora em favelas, em loteamentos irregulares e loteamentos ilegais que cresceram e se expandiram sem a ação efetiva do poder público na dotação necessária dos serviços e equipamentos urbanos básicos.18
A inspiração dos direitos humanos sem a real aplicação na vida social e econômica não faz sentido, porque a pessoa humana precisa de condições para viver com dignidade, longe da falta de moradia e de saneamento básico, que atinge camadas mais frágeis da sociedade. Esse direito está contido na Carta magna, nos artigos 182, 183, artigo 5º, inciso XXII e na Lei 10.257. A desigualdade econômica acentua o problema do inadequado ordenamento territorial, com ausente planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, toda decisão política deve ser tomada democraticamente, norteada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, com vistas à efetiva garantia do caráter social da propriedade, a ser aproveitada e utilizada em serviço da coletividade. Por essas razões, Norberto Bobbio afirma que:
O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são estes direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam violados. 19
Em prol de direitos de grande magnitude, como a vida e a dignidade da pessoa humana, é preciso todo um trabalho de efetivação que cabe aos representantes dos três poderes: o Executivo, ao formular as políticas públicas; o Legislativo, ao positivar a legislação regulamentar que dará o caráter de efetividade e concretude àqueles direitos; e o Judiciário, ao julgar sempre respeitando os princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Nesse sentido, aduz Norberto Bobbio:
O problema do fundamento de um direito apresenta-se diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um "direito que se tem" ou de um "direito que se gostaria de ter". No primeiro caso, investigo no ordenamento jurídico positivo, do qual faço parte como titular de direitos e de deveres, se há uma norma válida que o reconheça e qual é essa norma; no segundo caso, tentarei buscar boas razões para defender a legitimidade do direito em questão e para convencer o maior número possível de pessoas (sobretudo as que detêm o poder direto ou indireto de produzir normas válidas naquele ordenamento) a reconhecê-lo.20
Em sua mais ampla acepção, a dignidade humana é, ou deveria ser, a razão da própria existência do Estado. Diante disso, o desrespeito à história e à cultura dos cidadãos, bem como a ilegal exposição do indivíduo ao meio ambiente desequilibrado constitui flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana tanto desta quanto das futuras gerações. Nesse contexto, conceituar dignidade da pessoa humana é tarefa árdua, já que no passado não muito distante não se falava em dignidade dos escravos e outros trabalhadores. Veja-se a opinião de Canotilho:
Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísica, o reconhecimento do 'homo noumenon', ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve ao homem, não é o homem que serve os aparelhos político-organizatórios.21
E assim sendo, necessário se faz que os agentes políticos busquem a gestão democrática, compreendendo o direito do cidadão em participar nas decisões acerca do ambiente urbano, bem como seu direito à história e à cultura. Somente com o processo co-gestionado de formulação das tutelas jurídico-políticas municipais é que será possível uma discussão honesta e responsável sobre o processo de urbanização. Apontado o Estatuto da Cidade num momento marcado pela preocupação com o ambiente urbano, torna-se, mais do nunca, oportuna a sua aplicação não só nos municípios em que a lei o faz obrigatório, mas em todas as cidades, visto que o cumprimento da função social da propriedade previsto no artigo 5º da Magna Carta, bem como artigos 182 e 183 da Constituição destinam-se a todos municípios brasileiros, sem exceção.
Trata-se de uma via de mão-dupla. De um lado, é fundamental que o Poder Público se mostre vinculado às proposições estabelecidas no Estatuto da Cidade, devendo ser repudiados comportamentos que visam simplesmente ignorar dispositivos positivados, como os que dizem respeito à gestão democrática municipal, bem como aos instrumentos de política urbana da outorga onerosa e da transferência do direito de construir, previstos no Estatuto da Cidade. De nada adianta o ordenamento jurídico proclamar a necessidade de proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico e urbano, se não forem adotados mecanismos efetivos para concretizar esta proteção. E neste escopo, foram positivados a outorga e a transferência do direito de construir. Porém, é necessária sua positivação e regulamentação em âmbito municipal, para que os proprietários de imóveis tombados possam, mesmo com a limitação de sua propriedade, usufruir do benefício de poder transferir o potencial de construção daquele terreno (solo criado) para outro imóvel.
E, de outro lado, é imprescindível a atuação da população no sentido de exigir a efetividade das normas legais, mediante postulação perante o Poder Judiciário. Logo, acompanhando o entendimento de Oliveira22, se a questão não restar resolvida, poderão os agentes públicos depararem-se com uma ação civil pública, a qual destina-se à apuração e sanção de agentes públicos que causarem danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.Nessa linha de pensamento, entende-se que a ação civil pública pode ocorrer em decorrência dos danos causados a tais valores, sendo cabível ação cautelar para defesa da ordem urbanística, a fim de se alcançar a harmonização dos valores em jogo, reconduzindo ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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NOTAS
1 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Comentários aoEstatuto da Cidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p. 13.
2 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado: lei 10.257/2001: lei do meio ambiente artificial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p.40-42.
3 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado: lei 10.257/2001: lei do meio ambiente artificial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002. p.49-57.
4 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Comentários aoEstatuto da Cidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p. 21-28.
5 Ressalta-se que houve uma alteração nos últimos anos no direito de construir, que é a possibilidade de ser destacado do direito de propriedade, coabitando no mesmo imóvel dois direitos reais: superfície e propriedade, os quais poderão estar concentrados em titulares referentes.
6 Ressalta-se que esta contrapartida, nas palavras de ROLNIK, "podem se dar sob a forma de obras,terrenos ou recursos monetários. Para que a transferência do potencial adicional ocorra,são estabelecidos 'estoques de área adicional' (quantidades totais de metros quadrados a serem vendidos)." ROLNIK, op. cit., p.74-75.
7 São eles: regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
8 ROLNIK, Raquel (Coord); SAULE JÚNIOR, Nelson (Coord). Estatuto da cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos: Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002, p.73-74.
9 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado: lei 10.257/2001: lei do meio ambiente artificial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002. p.65-68.
10 MARINS, Vinicius. O Estatuto da Cidade e a constitucionalização do Direito Urbanístico. Jus navigandi, Teresina, a. 8, n. 223, fev. 2004. Disponível em http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4806. Acesso em: 20 ago. 2004.
11 ROLNIK, Raquel (Coord); SAULE JÚNIOR, Nelson (Coord). Estatuto da cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos: Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002, p.76-79.
12 VOLIVEIRA, Régis Fernandes de. Comentários aoEstatuto da Cidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p. 93-98.
13 Art. 43.- Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: I- órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II- debates, audiências e consultas públicas; III- conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV- iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
Art. 44.- No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4.º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação na Câmara Municipal.
Art. 45.- Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.
14 Para um maior aprofundamento do tema ver SANTIN, Janaína Rigo. O Estatuto da Cidade e a Gestão Democrática Municipal. Revista Interesse Público, ano 5, n. 21, set./out. 2003, Porto Alegre: Notadez, p. 220-229.
15 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos.2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 313-431.
16 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos.2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 518-532.
17 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Comentários aoEstatuto da Cidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p. 102-112.
18 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade: para compreender.... Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, 2001. p. 15-16.
19 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 1992, p. 25.
20 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, 1992, p. 15.
21 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional, 1999, p. 221.
22 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Comentários aoEstatuto da Cidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2002, p. 125.
Artigo recebido em 10/2008.
Aprovado em 11/2008.
Fonte: Revista História
jueves, 4 de agosto de 2011
Ponencia del CAPBA en el Debate del proyecto de Ley de Promoción del Habitat Popular
Cortesía de Norberto Iglesias
norbertoiglesias@yahoo.com
Estimado Colectivo urbano:
Subo la ponencia del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires en el debate de ayer, a pedido de algunas organizaciones presentes en el mismo.
Estimado Colectivo urbano:
Subo la ponencia del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires en el debate de ayer, a pedido de algunas organizaciones presentes en el mismo.
Ponencia del Arq. Norberto Iglesias en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires en el Debate sobre el Proyecto de ley de Promoción del Hábitat Popular
Universidad de General Sarmiento, Los Polvorines, 3 de agosto de 2011
La iniciativa del Ejecutivo Provincial, mediada por la Ministra Cristina Álvarez Rodríguez, de proponer el tratamiento legislativo de un proyecto de ley orientada a la Promoción del Hábitat Popular ha despertado un revuelo mediático muy desafortunado aunque auspicioso, si lo observamos desde la perspectiva de la instalación en la agenda mediática y política, con la entidad que merecen, las problemáticas de la ciudad y de su población. Este revuelo mediático, como las tormentas, dejó el suelo mojado y resbaladizo, algunas basuras expuestas y mucha hojarasca. Mucha "mala leche" de parte de algunos que defienden a ultranza cualquier privilegio ultramontano y de otros que buscan fisuras en la acción del gobierno para armar alboroto pre-electoral y asustarnos con un monstruo colectivista en ciernes.
Es auspiciosa la oportunidad que tenemos de participar de este Debate organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, claro que para aprovechar aquel salto a la agenda mediática del proyecto deberíamos multiplicar esta convocatoria, algo contradictoria con la agenda electoral y con el aparente enfriamiento de misma por parte de las máximas autoridades provinciales. Esperamos que sea el inicio de una campaña, por lo que es alentador a estos fines. Otras iniciativas orientadas en el mismo sentido, como los proyectos de leyes nacionales para el ordenamiento urbano y territorial, a pesar de su largo tratamiento legislativo en el Congreso Nacional no han trascendido a esta consideración pública mas allá de los debates entre especialistas y las organizaciones comprometidas con el hábitat popular. Creemos que se deben trasformar estas propuestas técnicas en movilización política para aspirar a convertirlas en ley y luego en políticas de estado.
El Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Buenos Aires ha pronunciado su apoyo a través de una Declaración[1] que expresa indudablemente la adhesión en general a la iniciativa, comprometiéndose a aportar todos sus recursos humanos y técnicos para impulsar su debate y tratamiento en orden al avance que significaría contar con esta ley que "incorporará derechos y proveerá herramientas de última generación, imprescindible para ordenar y reconstruir el hábitat popular, producir y financiar diversas respuestas específicas (conforme la diversa demanda existente) y abordar el desarrollo urbano de nuestras ciudades con expectativas de reorientarlo con equilibrio y equidad"[2]. Con esta vocación ha solicitado participar de todos los foros que se organicen a tales efectos y ha difundido el proyecto y un somero análisis al mismo dedicándole 10 páginas de su revista que se distribuye a 10.000 arquitectos de toda la provincia. Tal vez haya sido la más amplia difusión masiva de esta iniciativa. En este mismo sentido venimos a puntualizar algunos aportes no exhaustivos (operacionales y de contenidos) a fin de que sean tratados junto a todos los otros que surjan, hasta perfeccionar la redacción del proyecto. No decimos "consensuarlo" pues en materia de legislación urbanística no hay consensos posibles entre todos los actores que confluyen en la construcción de la ciudad. Si no hay conflicto de intereses, no hay transformación. Debemos estar preparados para ello.
Volviendo a la difusión de la iniciativa, a pocas horas de su presentación, el punto más álgido de la revuelta mediática fue la interpretación tendenciosa de los medios, dirigida a mostrarla como una herramienta del estado para apropiarse del 10% de la tierra de los barrios cerrados existentes con destino a alojar pobres. No necesitamos aclarar que el proyecto sólo refería a los contribuciones extraordinarias en cesiones de suelo que debería aportar las nuevas urbanizaciones cerradas, así como otros emprendimientos urbanos (clubes de campo, centros comerciales o cementerios privados) con destino a la construcción de viviendas sociales. Sin embargo las arteras prácticas mediáticas y políticas del adversario no nos excusan de nuestras propias torpezas: ¿Que sentido tuvo la mención del "Barrio Cerrado" en el articulado del proyecto cuando no es una figura legal prevista en la Ley 8912, que sólo un decreto anticonstitucional del Gobernador Duhalde pudo instalar, otorgándole legitimidad inmerecida?; ¿Cómo no se previó esta repercusión mediática en tiempos tan calientes, desde la perspectiva política?; ¿No sabemos que una buena parte de nuestra clase política (y judicial, y dirigencial en general) vive en Barrios Cerrados?. Más allá de revisar quienes serán los sujetos de la nueva carga adicional, con solo designarlos, conforme alguna escala dimensional territorial o de cuantía de la inversión, como nuevos y grandes emprendimientos inmobiliarios, bastaba. Desarrollaremos más extensamente esta cuestión.
Pasemos a repasar el articulado del proyecto a fin de consignar nuestros comentarios, que no son completos, excluyentes ni exhaustivos:
Capítulo I, II y III: Objeto, definiciones, programas, principios y directrices.
Uno de los aspectos más positivos a destacar, desde el punto de vista conceptual y jurídico, es la reivindicación de tres principios rectores para la gestión de la ciudad: "el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad y la gestión democrática de la ciudad", además de la definición e instrumentación del precepto constitucional establecido en el inciso 7 del Artículo 36° de nuestra carta magna: "promover el derecho a la vivienda y al hábitat digno", revalorizándolo y ampliándolo. Sin embargo sabemos que esta impecable faceta declarativa será efectiva si se configura operativamente en el texto de la Ley (y en su imprescindible Decreto reglamentario) y se legitima para su aplicación fáctica a través de la adhesión social más amplia posible y el involucramiento consiente de los cuadros políticos y técnicos municipales. Los cambios operados en la redacción, conforme su última versión[3], son muy pertinentes.
Capítulo IV: Instrumentos
Nos parece trascendental la inclusión de los instrumentos referidos en el proyecto en la legislación urbanística provincial. Sería un avance notable dejar plasmado esta serie de herramientas, algunas de las cuales poseen antecedentes programáticos no tan orgánicos como los descriptos en el proyecto (el Protierra de la gestión Cafiero, el PROMEBA, el subprograma de Mejoramiento de Barrios y otros) ni instituidos por ley, todos ellos reclamados por el colectivo de especialistas y organizaciones que trabajan en el Hábitat desde hace varias décadas.
Son ellos:
● La promoción de procesos de producción del hábitat que reconoce la importancia de la producción social de nuestra comunidad (autoconstrucción de la vivienda, loteos sin infraestructura) y promueve las urbanizaciones planificadas mediante programas de lotes con servicio. Nos preocupa analizar los alcances del Art. 15 que permite la ampliación de áreas urbanas. ¿No estaremos habilitando prácticas ya reconocidas de los actores inmobiliarios especulativos para extender la ciudad en lugar de consolidarla y densificarla? No invalidamos las intenciones referidas a satisfacer la demanda de crecimiento poblacional futuro sino que entendemos que debe revisarse la redacción para que no haya fisuras por donde puedan colarse esta tendencia. Adherimos intensamente a que se promuevan antes que la apertura de nuevos frentes de urbanización la utilización de tierras vacantes en la trama urbana y/o la reutilización de estructuras obsoletas y/o vacantes existentes en su propio seno. Condicionado aún más estas posibilidades nos ahorraremos problemas futuros.
● La INTEGRACION SOCIO URBANA DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS, que crea un régimen integral para su integración plena a la ciudad. Una sola observación al art. 16 del proyecto: la limitación temporal para la inclusión de villas y asentamientos nos hace pensar en las futuras ampliaciones de plazo, que deberán ser tratadas por la legislatura, con todo lo que ello conlleva. Prevemos que por la sola sanción de la ley no acabará este proceso de ocupación de tierras ni el crecimiento de los barrios existentes de manera inmediata, lamentablemente. Ponemos como ejemplo las prórrogas a la llamada "ley Pierri".
● El FOMENTO DEL CREDITO PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT, que establece un sistema de financiamiento y asistencia técnica para la mejora del hábitat a través de microcréditos. Observamos que en el art. 4 del proyecto no existe referencia alguna a la financiación de la vivienda para los sectores no incluidos en el colectivo privilegiado por el proyecto en su art. 2: "las familias bonaerenses con pobreza crítica y con necesidades especiales". La imprescindible armonía de esta ley con la normativa orgánica del IVPBA y la necesaria ampliación de la acción del estado hacia todos los sectores afectados por sus capacidades de ingreso y ahorro amerita que se incluyan también en este artículo un inciso final que los reconozca, conforme la acepción amplia que dicta el art. 1° del proyecto. Este agregado armonizará y revalidará los conceptos incluidos en el inc. 6 del art. 10° y en el inc. 2 del art. 23°. Valoramos la inclusión de las Municipalidades entre los mediadores del sistema, incluida en la última versión del proyecto. Por último: considerando la discusión parlamentaria que se avecina, debiera considerarse las repercusiones mediáticas de la operatoria del PFV en relación a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
● Las ZONAS DE PROMOCIÓN DEL HABITAT SOCIAL, que crea una nueva figura urbanística imprescindible para planificar el crecimiento y expansión de las ciudades bonaerenses. Es un ejemplo elocuente del novedoso aporte del proyecto al integrar el ordenamiento territorial establecido el Decreto ley 8912 con la producción del hábitat. Creemos que la redacción de esta sección merece referirse taxativamente al articulado de la ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, además de la adecuación del texto del Capitulo V, orientado en este sentido. Entendemos que debería establecerse la obligación de los municipios de delimitar estás áreas, algunas afectadas a los procesos de integración socio-urbana de villas y asentamientos existentes (arts. 16° a 19°) y otras a las zonas especiales y reservas de tierra (arts. 24° y 25°), en una plazo máximo determinado (¿360 días?). Sin este requisito, dudamos de su aplicación en tiempo y forma.
● Las CESIONES DE SUELO, sección del proyecto que crea nuevas aportaciones de suelo con destino a vivienda y urbanizaciones sociales. Adherimos francamente a la nueva carga si esta orientada a generar nuevos recursos "que permitan…reducir las expectativas especulativas en la valorización del suelo" según dicta el inc. c, del art. 1° del proyecto. Ahora bien, aquí encontramos un campo propicio para la discusión profunda considerando que, no sólo será el foco de atención del los actores que invierten en la producción inmobiliaria sino que deberá considerar acertadamente los sujetos alcanzados por la nueva carga. Parte de la producción inmobiliaria es altamente concentrada y es justamente la que capta con mayor eficacia amplios márgenes de valorización del suelo urbanos que se genera por la acción directa o indirecta del estado. Otra parte, tal vez la más amplia en número de operaciones, son de mediano porte, con márgenes de rentabilidad más ajustados y promueven la densificación de los centros urbanos y la extensión indefinida de la ciudad en sus márgenes con productos que demanda el crecimiento urbano. Una inteligente discriminación hará posible que esta ley no tenga reparos mayores a la hora de su tratamiento legislativo. En este sentido, el listado de emprendimiento alcanzados por esta nueva carga, según el inc. 1 del art. 26°, no parece ser el más adecuado. Notamos que se incluye la figura del Barrio Cerrado, otorgando legitimidad innecesaria a esta anti urbana figura jurídica, que merece desalentarse. Sin embargo existen y deben considerase bajo la denominación general de urbanización cerrada, junto a los clubes de campo. También debemos considerar que muchos de ellos son medianos emprendimientos, muchos de ellos con inversiones menores a muchas de las torres que aparecen el los centros urbanos. Si somos coherentes deberíamos incluir también a éstas últimas aunque no desconocemos el impacto de la decisión: ¡Nos pondríamos en contra a buena parte del sector inmobiliario y de los profesionales que operan esta actividad! ¿Y las grandes operaciones urbanas que, sin configurar una urbanización cerrada, generan inmensas plusvalías? El proyecto Costa del Plata no estaría alcanzado por esta ley, mas allá de que sea preexistente. Creemos que deben definirse con mayor amplitud y con parámetros que den cuenta de su magnitud, como la descripción que se hace de los Centros Comerciales, en el mismo articulado. Los parques industriales, los grandes condominios urbanos o ciertos edificios en altura, de gran valor inmobiliario deberían considerarse para su inclusión.
Un comentario: ¿Porque no se extiende la novedosa facultad municipal de convertir en dinero las cesiones adicionales a las cesiones tradicionales del Decreto-ley 8912, considerando las dificultades de aprovechamiento por parte de los municipios de las pequeñas cesiones de suelo originadas en su aplicación? o ¿Porque no se condiciona el uso de estas nuevas facultades a la institución municipal de Bancos de Tierras y Fondos de Tierra y Vivienda específicos y afectados a la mejora del hábitat, a los que se vuelquen todos los recursos obtenidos por sesiones, recupero de plusvalías urbanas y tributos vinculados a la edificación o a los incrementos de edificabilidad por premios? Recordemos que por impero del Decreto-ley 8912, los municipios son los responsables primarios del ordenamiento territorial y debe considerarse especialmente como se liberan trabas para el ejercicio de sus capacidades, como se fortalece su desempeño y como se le dotan de capacidades técnicas y recursos para su financiamiento. En resumen y a fin de sistematizar este instrumento, sería un avance notable que este proyecto estableciera parámetros claros para su organización y promoviera la creación de Bancos de Tierras y Fondos Afectados municipales (que no son ninguna novedad) de manera de incentivar la adecuación de la normativa y de las practicas municipales tendientes a satisfacer el déficit mas importante de la problemática habitacional: el suelo.
● La PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIALIDADES EN LAS VALORIZACIONES INMOBILIARIAS GENERADAS POR LA ACCIÓN URBANÍSTICA es introducida mediante la reforma de un artículo de la Ley Orgánica Municipal lo cual es ejemplificador de las cualidades de este proyecto porque abarca los aspectos tributarios. En contraposición, evidenciamos la ausencia del establecimiento de las FALTAS emergentes por su incumplimiento: un déficit mayor. Observamos que podría mejorarse su redacción del aspecto tributario para hacerlo armónico con los Códigos Tributarios y Fiscales de los municipios bonaerenses, definiendo mejor la BASE IMPONIBLE, los CONTRIBUYENTES alcanzados, la OPORTUNIDAD DE PAGO y las EXENCIONES, además de establecer parámetros máximos y mínimos para la fijación de alícuota. Respecto del HECHO IMPONIBLE, creemos que puede perfeccionarse revisando los antecedentes existentes (ordenanzas de los municipios de Trenque Lauquen[4] o de Malvinas Argentinas[5]). En el art. 28° del proyecto, proponemos cambiar la redacción inicial del texto modificatorio del art. 31°, del Decreto-ley 6769, por este otro: "Las contribuciones que se establezcan orientadas a captar las valorizaciones inmobiliarias originadas en todas aquellas decisiones y acciones urbanísticas que permitan, en conjunto o individualmente, el uso más rentable de un inmueble o bien incrementar el aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen y/o área edificable".
● Los CONSORCIOS URBANISTICOS incorpora la posibilidad de ejecutar proyectos de urbanización entre el sector público y el privado. Es un avance destacable y debiera ser difundido con más énfasis en orden a obtener el apoyo de los propietarios de suelo que verían ampliadas sus posibilidades de aprovechamiento de sus activos físicos. Entendemos que puede ampliarse esta sección del proyecto a fin de tornarla más operativa y permitir visualizar el abanico completo de posibilidades que brinda. Las experiencias en otros países nos permiten vislumbrar adhesiones de sectores no comprometidos en la ampliación del derecho a la ciudad.
● La GESTION DEMOCRATICA Y PARTICIPACION declara principios de indudable necesidad y establece algunos derechos específicos para su práctica, más amplios que los establecidos en el inciso f) del Art. 2° de la ley 8912, que declara: "Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades". Esta sola referencia nos evita insistir en la discrepancia entre los postulados de las leyes y su aplicación concreta. Tenemos dudas de su operatividad a la luz de lo acontecido desde la sanción del Decreto-ley referido, por lo que propiciamos una ampliación y especificación más detallada de los instrumentos establecidos en los artículos 33° a 35° del proyecto.
● El CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT Mención especial merece la contradicción elocuente de los postulados de la Sesión 9 del proyecto, que promueve la participación y la gestión democrática, con la construcción técnica del Proyecto. ¿Porque no se constituye, con las facultades ministeriales existentes un Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, o espacio semejante, para la discusión y redacción de esta Ley? ¿Y la participación del sector inmobiliario? El mejor espacio para contenerlo es un foro de debate abierto, que ofrezca la oportunidad de argumentar reparos y disipar prejuicios. En esta materia, nuestro colegio agradece la modificación introducida en la última versión del proyecto incluyendo implícitamente en el Consejo Asesor a los profesionales que dedican su trabajo al estudio y producción de la ciudad, como son los arquitectos y urbanistas matriculados en el CAPBA.
Capitulo V: Modificación Artículos 82° a 92° del Decreto-ley 8912
Los contenidos del proyecto dan muestra de una clara vocación omnicomprensiva de todas las variables (herramientas, procesos, programas y actores) útiles a la construcción coherente de la norma. De ahí los ajustes propuestos a leyes "duras" como la 8912, la Ley Orgánica Municipal y la Ley General de Expropiaciones, lo que aplaudimos. Simultáneamente, nos falta comprender los alcances o las consecuencias de las modificaciones al los artículos introducidos en este Capítulo, tendientes a compatibilizar los postulados del proyecto con la ley de ordenamiento territorial, pero que terminan derogando la capacidad municipal de declarar la "Provisión prioritaria de servicios y equipamiento comunitario" y el "Englobamiento parcelario", herramientas potentes, innovadoras y, aunque escasamente aplicadas y difundidas, es utilizada por algunos municipios como Bahía Blanca. Debiera ser posible el nuevo texto sin liquidar estas figuras preexistentes.
Más allá del proyecto de ley
El colectivo urbano, integrado por profesionales de distintas disciplinas, funcionarios técnicos, academia, colegios profesionales, etc., le debe al país la conformación de una plataforma urbana con acompañamiento popular para profundizar el proceso político que pretende revertir las consecuencias del neoliberalismo en las estructuras productiva, social y económica argentinas. Las políticas públicas recientes en materia de planificación y gestión del hábitat pusieron todo el peso de sus ingentes e inéditas inversiones directas destinadas a la construcción de viviendas, extensión de redes de infraestructura y equipamientos a lo largo y ancho del país pero adolecieron de iniciativas programáticas integrales que tomaran en cuenta la heterogeneidad de la demanda popular efectiva, de la problemática del suelo urbano y de la creación de dispositivos institucionales orgánicos para el mediano plazo para su implementación. No configuran una política integral de hábitat. La posibilidad cierta de profundizar esta política nos enfrenta a la paradoja de la operatividad del sistema no encontrará ni los pilotos suficientes ni los cuadros políticos-técnicos capaces de timonearlo y operativizarlo en las 23 provincias y los más de 1500 municipios que conforman el país. El aporte de nuestro colectivo para el impulso de una política de estado semejante (desde la tribuna o desde los espacios de gestión) es parcial, sin repercusión masiva y con poca vocación de involucramiento con la acción política concreta (con excepciones que, como siempre, las hay).
Con demasiada frecuencia miramos a la política urbana de Brasil como modelo pero no extraemos enseñanzas (ni abordamos el análisis circunstanciado) de la acción del Movimiento de la Reforma Urbana para formularlas ni de su actuación política en pos de concretar sus postulados. Íntimamente ligado a la apertura democrática post dictadura, escalonada por niveles de gobierno, el primer y único espacio de contienda política fueron los municipios y como consecuencia de ello el abordaje de sus problemas específicos (entre ellos la conformación física y la gestión de sus ciudades), los que fueron posicionados como demanda cierta de la población y, como consecuencia de ello, de la agenda política. Esta oportunidad ligada a la construcción alternativa de estrategias de acceso al poder por parte de la izquierda (presupuesto participativo, por ej.), ofreció un escenario único que este colectivo supo pilotear acompañando el crecimiento del PT en su acceso a la conducción del estado. Impuso la agenda urbana que, incluso, ya practican una innumerable cantidad de municipios liberales y hasta conservadores. A pesar de muchas semejanzas, las diferencias históricas de nuestras repúblicas, especialmente sociales y políticas, abonan la hipótesis de que cualquier adopción parcial de herramientas, procesos y programas no conllevará a los mismos resultados. Modestamente creemos que, además de analizar críticamente al modelo brasilero, debemos extraer su enseñanza más prístina: la necesidad de actuar en política de manera amplia, colectiva y militante.
Sin dudas, los principios y objetivos de este proyecto pueden configurar la traducción urbana de las políticas de redistribución del ingreso vigentes y a punto de plebiscitarse este año, asociadas al crecimiento económico y orientadas a la justicia social. Un objetivo no menor, considerando la oportunidad histórica que enfrentamos. De aquí es que esperamos que este proyecto de ley encuentre los cauces adecuados para su adecuada y profunda discusión técnica, que deberá ir acompañada de una masiva movilización de todos los sectores involucrados, incluso aquellos que a priori puedan parecer opuestos a modificar sus conductas. ¿O acaso la Ley de medios audiovisuales no tuvo foros participativos en toda la geografía nacional que sirvieron de base para modelar la ley, obtener consensos y compromisos y, sobre todo, legitimar el proyecto? Buenos Aires es una provincia más acotada aunque extendida y atravesada por realidades territoriales muy diversas. Puede ser un escenario riquísimo para este debate y construcción política. Sus organizaciones sociales, sus municipios, sus representantes políticos, sus colegios profesionales y sus universidades deben ser actores principales en esta tarea, haciendo honor a la vocación participativa que expresa la Sección 8 del proyecto. Esperamos que el traspié político de su lanzamiento se supere y que no haya sido contraproducente para la vigencia de su tratamiento. La organización de este debate apuesta a ello, como nosotros.
Por último: Nuestro colegio posee una estructura territorial que llega con sus diez Distritos a todas las regiones que conforman la provincia. Estructura que ofrecemos para organizar los foros regionales tendientes a difundir el proyecto, comprometer a todos los actores posibles y sumar masa crítica de apoyo al mismo, previo a su tratamiento legislativo.
Instituto de Estudios Urbanos
Consejo Superior
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
[1] Declaración del CAPBA sobre el proyecto de ley para la promoción del hábitat Popular, La Plata, marzo de 2011, disponible en:
http://www.revistavivienda.com.ar/destacadas/proyecto-de-ley-sobre-promocion-del-habitat-popular
[2] Punto 4 de la Declaración del CAPBA
[3] Versión del 17/7/11, disponible en:
https://docs.google.com/document/d/1yQNWM-xa7tNwnf_-EBEtUzFf4SaBNmAiOwZ4ZanyEuw/edit?hl=en_US#
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